En el presente trabajo se recuerda la interesante Jornada celebrada el 24 de junio de 2022, en Segovia, organizada por el Consejo Consultivo de Castilla y León, sobre “Función consultiva y responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas derivada de la covid-19”. Contó con la participación de numerosos Letrados del Consejo de Estado y de los consejos consultivos venidos de prácticamente todas las comunidades autónomas. La conferencia magistral la dictó el profesor D. Jorge Rodríguez-Zapata, sobre “Los retos de la función consultiva ante la covid-19”. Y la inauguración correspondió al presidente de la Junta de Castilla y León y a la presidenta del Consejo de Estado.
A propósito de la Jornada sobre “La función consultiva y la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas derivada de la covid-19” (organizada por el Consejo Consultivo de Castilla y León, en Segovia, en junio de 2022), el autor hace algunas reflexiones doctrinales acerca de este interesante tema, sustentadas en la doctrina científica, la de los órganos consultivos y la jurisprudencia. El trabajo contiene reflexiones, a modo de anotaciones, sobre los principales problemas que se plantean en torno al régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de las administraciones durante la pandemia. Y aborda cuestiones interesantes, como las relativas a la identificación de la administración responsable, la fuerza mayor y el “periodo cero”, el procedimiento de reclamación, el daño y la antijuridicidad, el nexo causal o el derecho a la indemnización.
Quien sale al mercado se somete a ciertas adversidades, como las pandemias, que ha de soportar en toda su significación o alcance, incluidas las medidas que la autoridad ha de adoptar para preservar la salud pública. Se argumenta aquí acerca de esos riegos propios de la actividad mercantil, retrocediendo a las primigenias construcciones del derecho marítimo en torno a la causa hábil o eficiente. Se estima que cuando se materializan riegos propios de un sector de actividad lo que quiebra es el nexo causal entre los daños y el servicio público -en términos de causa idónea o eficiente-, y si alguna medida aplicada por los poderes públicos se reputara impertinente o desproporcionada entra en juego la nota de antijuridicidad: el daño encuentra entonces su causa adecuada en esa restricción que no debió adoptarse y no en la pandemia, y en consecuencia el afectado acaso no debe soportarlo
El presente estudio expone los asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo de Castilla y León en el año 2022, en expedientes sobre responsabilidad patrimonial derivada de la COVID-19. Y pone de manifiesto la homogeneidad de criterio de los órganos consultivos (Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos) sobre esta cuestión, constatada en las Jornadas celebradas en Segovia el 24 de junio de 2022, que inciden en la ausencia del requisito de antijuridicidad de los daños y perjuicios reclamados.
El presente trabajo expone algunas de las cuestiones que han sido analizadas por el Consejo de Estado en los dictámenes emitidos con ocasión de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas a resultas del Covid-19 y propone que se aproveche esta situación para acometer ciertos cambios en el ordenamiento jurídico.
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